Human Right Watchs: Nuevas leyes aprobadas por Asamblea de Bukele amenazan la independencia judicial

Human Rights Watch, se pronunció por las dos leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa que amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades remuevan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más.

“Desde que los legisladores de Bukele obtuvieron el control de la Asamblea en mayo, han adoptado medidas drásticas orientadas a destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas nuevas leyes parecen tener el propósito de asegurar el control del gobierno sobre un número importante de fiscales y jueces de tribunales inferiores”.

En la nota publicada por la institución señala además: "Desde que asumió en 2019, el Presidente Bukele ha debilitado el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos".

Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que El Salvador proteja y respete la independencia e imparcialidad del poder judicial. Varios instrumentos internacionales—como los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano— establecen los componentes centrales de un poder judicial independiente e imparcial.

Esto incluye el requisito de que los jueces no estén sujetos a restricciones, presiones ni órdenes impuestas por otros poderes del gobierno, y que gocen de estabilidad en el cargo para que no teman ser destituidos por las decisiones que adopten.

La nueva legislación que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada por partidarios del Presidente Nayib Bukele, dispone que los jueces y fiscales que tengan 60 años o más “cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones”.

Aunque no hay claridad con respecto a cuántos jueces se verán afectados, algunas estimaciones indican que más de 200 de los cerca de 700 jueces del país podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema, institución que el partido de gobierno recientemente ha cooptado.