Publicado: junio 26, 2025
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una nueva acusación penal por parte de la Fiscalía General de la República, esta vez por un presunto esquema ilegal de financiamiento durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2022.
La acusación, presentada este lunes ante la Corte Suprema de Justicia, también incluye a seis de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el canciller Arnoldo André, el vicepresidente Stephan Brunner y cuatro diputadas de su partido, Progreso Social Democrático (PPSD).
Según la pieza acusatoria, Chaves y su círculo cercano operaron estructuras financieras paralelas que eludieron los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Estas operaciones habrían canalizado al menos $500,000 fuera del marco legal, mediante un fideicomiso utilizado en la etapa previa a la oficialización de su candidatura. El caso plantea la posibilidad de que la Corte solicite a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero del mandatario, cuyo mandato concluye en 2026.
Desde el oficialismo, la reacción más visible vino de la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada del PPSD, quien acusó al fiscal general, Carlo Díaz, de perseguir políticamente al movimiento que lidera Chaves. La Presidencia no emitió un comunicado oficial, limitándose a señalar que el tema corresponde al ámbito personal del presidente y no compromete su gestión de Gobierno. La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha agudizado en los últimos meses, especialmente tras una manifestación encabezada por Chaves en marzo para exigir la renuncia del fiscal Díaz.
Con esta, ya son dos las acusaciones formales que pesan sobre Chaves, quien conserva una aprobación cercana al 50 %, según encuestas recientes. La anterior fue presentada en abril por el presunto uso indebido de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante el primer año de su administración. Ambas causas podrían derivar en una solicitud de desafuero, una decisión que dependerá de la Corte Suprema y, eventualmente, del Congreso, donde las bancadas opositoras son mayoría.
