Publicado: mayo 15, 2025
El régimen de Daniel Ortega ha intensificado la persecución contra las congregaciones religiosas en Nicaragua, imponiendo un sistema de extorsión económica que condiciona la permanencia de estas organizaciones en el país al pago de cuotas mensuales, según denuncias de defensores de derechos humanos y líderes religiosos.
De acuerdo con los testimonios recopilados por Infobae, las instituciones que no pueden cumplir con estos pagos enfrentan la cancelación de su personería jurídica, la confiscación de sus bienes y la expulsión de sus miembros. Uno de los casos más representativos es el de las Hermanas Clarisas Franciscanas, cuya personería fue anulada en mayo de 2023. Posteriormente, se les exigió el pago de $1,000 mensuales por cada manzana de tierra en su monasterio de Chiquilistagua. Incapaces de cubrir los $5,000 exigidos, las religiosas abandonaron el recinto y se trasladaron a Granada.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, el régimen ha cancelado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, entre ellas numerosas entidades religiosas. Asimismo, al menos 15 propiedades de la Iglesia católica han sido confiscadas y destinadas a fines estatales. Por ejemplo, el Monasterio de las Monjas Trapenses en San Pedro de Lóvago fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Hogar de Ancianos de las Misioneras de la Caridad en Granada se transformó en un centro de desarrollo infantil.
Estas medidas forman parte de un patrón más amplio de represión al espacio cívico en Nicaragua, donde la Iglesia católica y otras expresiones de la sociedad civil enfrentan una creciente hostilidad por parte del Estado. Líderes religiosos han advertido que estas acciones buscan eliminar cualquier voz crítica y consolidar un control absoluto sobre las estructuras sociales y comunitarias del país.
