Publicado: mayo 21, 2025
La aprobación de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, ha encendido las alarmas entre organizaciones nacionales e internacionales que denuncian su impacto directo no solo sobre las ONG, sino también sobre las comunidades que dependen de sus proyectos.
La normativa impone un impuesto del 30% sobre donaciones y transferencias internacionales, y deja a discreción del Órgano Ejecutivo determinar qué organizaciones pueden operar en el país, abriendo la puerta a la persecución selectiva y la censura institucionalizada.
“Se crea un nuevo registro obligatorio de agentes extranjeros, a pesar de que ya estamos legalmente constituidos ante el Estado. Esta figura ya ha sido utilizada en otros países para negar la personería jurídica de organizaciones incómodas al poder”, advirtieron diversas entidades en una conferencia conjunta brindada este martes.
Representantes de organizaciones como Acción Ciudadana y Cristosal coincidieron en que el impacto real de esta ley no será solo institucional, sino humano. El nuevo impuesto, sumado al congelamiento previo de fondos como los provenientes de USAID, podría reducir hasta en un 40 % los recursos disponibles para operar, afectando directamente proyectos en áreas vitales como agua potable, salud comunitaria, desarrollo local y atención a poblaciones vulnerables.
“No es cierto que hacemos lo que queremos con los fondos. Estamos auditados por los cooperantes y por el Estado. Si el gobierno exige transparencia, que empiece por revelar quién financia sus campañas o cómo se adjudican las obras públicas”, reclamó Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
Desde Cristosal, el abogado Abraham Ábrego enfatizó que esta ley no solo afecta a defensores de derechos humanos, como se ha querido hacer ver, sino que golpea programas sociales clave para la población. “Hay que reflexionar: esta es una ley candado que bloquea agua, salud y desarrollo en las comunidades más necesitadas”, expresó.
Las organizaciones también señalaron la falta de transparencia del Estado en el manejo de fondos públicos, contrastándola con los múltiples mecanismos de control que ya rigen a las entidades sin fines de lucro.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que se pronuncie y vigile el proceso, y exigieron al Ejecutivo que veto o derogue la normativa antes de que sus efectos sean irreversibles.
“Esta ley no combate la corrupción. La protege. Y lo hace a costa de quienes menos tienen”, concluyó uno de los voceros.
