Publicado: mayo 19, 2025
La abogada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue capturada este domingo por la noche, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su cuenta en la red social X.
La institución la acusa del delito de peculado, por presuntamente colaborar en la sustracción de fondos públicos durante su periodo como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas.
Según la Fiscalía, la captura de López se deriva de investigaciones en el caso contra Chicas, quien se encuentra detenido desde febrero en el Centro Preventivo “La Occidental” en Santa Ana, acusado de enriquecimiento ilícito por un monto superior a los $202,000. La FGR asegura que López tuvo una participación activa en los hechos imputados y que también se notificará a Chicas sobre este nuevo cargo.
López ha sido una figura destacada en la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Es abogada, notaria, investigadora social, docente universitaria y experta en derecho electoral y participación ciudadana. Su trabajo desde Cristosal ha sido clave en la documentación de casos de corrupción, abuso de poder y persecución política en el país.
En diciembre de 2024, fue reconocida a nivel internacional al ser incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, elaborada por la BBC, en la categoría de política y defensa de los derechos humanos. Su inclusión en esta lista resaltó su labor como referente en la lucha contra la corrupción y en favor de la democracia en El Salvador.
La Fiscalía sostiene que López fue “mano derecha” de Chicas tanto en el TSE como durante su paso por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Durante ese periodo, López también se desempeñó como asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Hasta el momento, organizaciones defensoras de derechos humanos y Cristosal no han emitido un pronunciamiento oficial. La detención ha generado reacciones en redes sociales, donde distintos sectores denuncian una posible criminalización del trabajo de defensa de derechos y combate a la corrupción.
