Publicado: junio 21, 2024
Las personas afectadas por el escándalo de fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) expresaron su frustración por la falta de apoyo de la Defensoría del Consumidor (DC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la recuperación de sus ahorros.
A pesar de las investigaciones en curso por lavado de dinero y defraudación a la economía pública, que involucran a 32 empleados de Cosavi y un monto de $35 millones, las víctimas denuncian que los procesos de recuperación de fondos han sido extremadamente lentos y poco efectivos.
Desde mayo de 2024, la FGR ha informado sobre las investigaciones en contra de Cosavi, mientras que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha implementado un sistema gradual de pagos a los afectados.
Este método permite la entrega de mil dólares por semana a los asociados, una medida que, según los afectados, no es suficiente y les impide acceder a sus ahorros de manera rápida y efectiva, especialmente a aquellos con depósitos sustanciales.
En sus intentos por obtener soluciones, los afectados recurrieron a la Defensoría del Consumidor. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes. La DC les remitió a la FGR y a la SSF, afirmando que su problemática debía seguirse judicialmente y que su única función era proporcionar asesoría. “Se le indicó el proceso judicial que se tiene con el proveedor en FGR, la cual tendrá que seguir el proceso judicialmente. De igual forma se le indicó que puede acercarse a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a interponer el reclamo”, reza el reporte que la Defensoría proporcionó a LA PRENSA GRÁFICA.
Una de las afectadas, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su descontento con la falta de acción por parte de la Defensoría: “Nos dijeron que eso no tenía nada que ver con ellos, no quisieron tomar el caso y solo hicieron esta carta, pero no nos dieron asesoría.” Esta falta de apoyo se suma a la frustración generalizada entre las víctimas, quienes sienten que están atrapados en un ciclo de referencias burocráticas sin una solución concreta a la vista.
Además de sus gestiones ante la DC, las personas afectadas por el fraude en Cosavi han buscado respuestas de otras instituciones. Presentaron cartas a la SSF, la Asamblea Legislativa, y Casa Presidencial, pero ninguna de estas instancias ha proporcionado una respuesta satisfactoria.
El método de pago implementado por la SSF ha sido particularmente criticado. Según los afectados, el proceso es demasiado lento y afecta gravemente a aquellos con grandes sumas de dinero depositadas. “Es muy lento y afecta a los que tienen mucho dinero depositado en dicha cooperativa”, manifestaron. La preocupación principal es que este sistema no considera la urgencia de quienes dependen de estos fondos para sus necesidades diarias y compromisos financieros.
El caso de Cosavi ha puesto de manifiesto las debilidades en la respuesta institucional frente a fraudes financieros que afectan a miles de ahorristas. La falta de coordinación efectiva entre las entidades responsables de proteger a los consumidores y garantizar la recuperación de fondos ha dejado a muchos en una situación precaria, incrementando la desconfianza en el sistema financiero y en las instituciones que deberían garantizar la justicia y la protección del patrimonio de los ciudadanos.
Mientras las investigaciones continúan, los afectados por Cosavi demandan un enfoque más proactivo y una solución más expedita por parte de las autoridades competentes. La lentitud y la falta de apoyo efectivo han exacerbado el impacto del fraude, dejando a muchos ahorristas sin una resolución clara a la vista y cuestionando la efectividad de las instituciones en la defensa de sus derechos.
Fuente: La Prensa Gráfica
