Publicado: agosto 20, 2019
Un editorial de la Universidad Centroamericana (UCA), exhorta al presidente de la República, Nayib Bukele a eliminar la partida secreta, tal como se comprometió durante la campaña presidencial.
La UCA, asegura que dicha partida ha sido fuente de corrupción permanente desde el año 1989, por lo que es urgente ponerle un alto.
Casi todos los días leemos o vemos en los medios de comunicación noticias de corrupción. Expresidentes del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa, exministros, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia son señalados por apropiarse de cientos de miles de dólares del Estado, cuando no millones. Los sobornos de empresarios a funcionarios, incluido un Fiscal General, son también objeto de noticia. Y aunque el hecho de que se lleve a juicio a personas que detentaron poder e influencia es positivo, quedan en el tintero algunos temas de tipo estructural y legal que es indispensable analizar.
Uno de ellos es la partida secreta de la Presidencia de la República. El actual mandatario ha afirmado públicamente que la hará desaparecer. Eso es bueno, y la ciudadanía espera que suceda ya en el próximo Presupuesto General del Estado. La partida ha sido fuente de corrupción permanente desde 1989. Ponerle un alto es urgente. El hecho de que a través de ese fondo se dieran sobresueldos a funcionarios es una absoluta vergüenza. Más aún porque se les recomendaba que no declararan ese dinero, evadiendo así los impuestos que debían pagar. En ese sentido, el poder político en El Salvador no solamente ha sido corrupto, sino multiplicador de corrupción. ¿Han sido corruptos todos los ministros y funcionarios que recibieron sobresueldos y no los declararon a Hacienda? Si tenemos en cuenta que evadir impuestos es una forma de corrupción, la respuesta es “sí”.
La partida también ha sido utilizada para pagar los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Al ser este una institución creada por una ley de la República, sus gastos deberían aparecer en el presupuesto de la nación. Incluso debería haber una comisión de la Asamblea Legislativa que, con el compromiso de guardar la confidencialidad, revisara la legalidad de las operaciones del Organismo. Pero el hecho de que no figure en el Presupuesto y dependa de la partida secreta fomenta la corrupción. De hecho, los gastos del OIE han sido una de las excusas preferidas de quienes han abusado de la partida. Estando próximo el Presupuesto del año que viene, la inclusión del Organismo será una prueba fehaciente de la voluntad de luchar contra la corrupción.
La corrupción es una de las peores plagas de la democracia. ¿Cómo confiarán los ciudadanos en los políticos si un buen número de estos se aprovechan del Estado? Y sin confianza ciudadana es imposible que una comunidad nacional funcione correctamente. De hecho, ninguna comunidad, sea del tipo que sea (familiar, económica o religiosa, por ejemplo), es funcional en el largo plazo si no fomenta la confianza. Y los políticos salvadoreños, en un buen número y desde las posiciones más importantes del Gobierno, no han generado confianza. Superar la corrupción es clave para el desarrollo democrático, como también lo es poner fin a la impunidad de los corruptos. La tarea puede ser difícil, pero el país ha avanzado lo suficiente en institucionalidad como para emprenderla con seriedad y éxito. Es responsabilidad de los funcionarios hacer suya esa lucha y darla con radicalidad.
