Javier Simán presentó una denuncia contra el presidente de la República, Nayib Bukele y algunos de sus funcionarios, con el objetivo de dejar constancia de los abusos de autoridad y violación de derechos humanos, por parte del gobierno.
El gobierno del presidente Bukele compró productos incluídos en las bolsas solidarias a una empresa mexicana investigada por tener vínculos con el régimen del dictador Nicolás Maduro.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió un mensaje al ministro de Defensa René Merino Monroy en el que le aclaró que los militares no están para "hacerle los mandados al presidente".
El ministro de Gobernación, Marió Durán utilizó recursos del Estado para confirmar su participación en las internas del partido Nuevas Ideas, para buscar la candidatura por la alcaldíad de San Salvador en las próximas elecciones.
El fiscal general, Raúl Melara confirmó que abrió expedientes de investigación, en contra de funcionarios del gobierno del presidente Bukele por posibles actos de corrupción en compras institucionales realizadas durante la pandemia y otros beneficios al margen de la ley.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, autorizó una compra por servicios de transporte por un monto de $186,450, a una empresa que según el Centro Nacional de Registros, se dedica al rubro de publicidad.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro autorizó una compra de mascarillas por un monto de $48,000 dólares a la empresa INVERTIVA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. pagando un precio más alto que el del mercado.
Una investigación de El Faro reveló que una empresa de la que el diputado Gustavo Escalante es fundador y administrador junto con miembros de su familia recibió un contrato por $344,000 como parte de las compras realizadas durante la emergencia por el COVID19
