Retroceso de El Salvador en la lucha contra la corrupción está directamente influenciada con Gobierno de Bukele

El Salvador experimenta "significativos retrocesos" en la lucha contra la corrupción, según revela el Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional en su más reciente informe. En los últimos tres años, el país ha experimentado una disminución de cinco puntos en el índice, situándose en 31.

El informe destaca que este deterioro en la percepción de la corrupción se correlaciona directamente con la influencia del Gobierno del presidente Nayib Bukele sobre los poderes del Estado. Se denuncia la cooptación del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Poder Legislativo por parte del Ejecutivo.

Analistas locales e internacionales han expresado preocupación por la concentración de poder en manos de Bukele, quien ostenta control sobre la Asamblea Legislativa, la cual solo aprueba medidas con el respaldo del Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

En las elecciones legislativas de 2021, el partido oficialista Nuevas Ideas obtuvo la mayoría calificada con 56 de 84 escaños, permitiéndole destituir a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en el primer día de legislatura, sin seguir los procesos legales establecidos. Este acto fue seguido por la designación de nuevos magistrados, incluyendo abogados vinculados a altos funcionarios y asesores gubernamentales.

El nombramiento de Rodolfo Delgado como fiscal general también generó preocupación, ya que no continuó las investigaciones abiertas por su predecesor, Raúl Melara, contra el Gobierno. Además, se destituyeron jueces mayores de 60 años, incluyendo uno que había solicitado investigar al presidente Bukele.

Transparencia Internacional señala que esta cooptación "ha profundizado la impunidad en el país", ya que el sistema de justicia no avanza en las investigaciones contra funcionarios del gobierno actual, evidenciando una falta de controles efectivos. Además, destaca que dicha situación ha permitido que el presidente Bukele pueda optar a la reelección inmediata, a pesar de ser considerada inconstitucional.