Publicado: octubre 22, 2021
El 15 de noviembre está prevista una nueva manifestación en contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. A diferencia de las marchas que ocurrieron el 11 de julio, que se dieron de manera espontánea, la próxima está planeada desde hace ya varias semanas y hasta se ha pedido autorización al régimen. Las fuerzas oficiales del régimen, sin embargo, han anunciado que no van a permitir que la gente se reúna para protestar.
En este marco, y temiendo represiones violentas como las del 11J, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que promueva una iniciativa internacional orientada a garantizar el derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin ser reprimidos y que exija al gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos.
La carta, firmada por el director ejecutivo del organismo Alejandro González Raga, alerta sobre el peligro que corren los cubanos que, a pesar de la prohibición decretada por las autoridades, deciden mantener la marcha y hacer valer sus derechos. “La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar”, lee el texto.
La solicitud apunta a Bachelet personalmente y, apelando a su condición de víctima de la represión bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, le reclama que “no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad”, haciendo referencia a los presos políticos detenidos desde las manifestaciones del 11 de julio.
Las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron de las mayores desde 1959. Estas llamaron la atención del mundo entero no solo por su masividad y espontaneidad, sino también porque la isla no está acostumbrada a ver demostraciones de este estilo en contra del poder de La Habana.