Publicado: septiembre 16, 2024
Durante la celebración del 203º aniversario de la Independencia de El Salvador, cientos de ciudadanos se manifestaron enérgicamente contra el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.
La marcha, que partió desde la 25 Avenida Norte hasta la Plaza Libertad, fue una protesta unánime contra el estado de emergencia que ha estado en vigor durante casi 30 meses, provocando detenciones arbitrarias y encarcelamientos injustos. Los manifestantes exigieron el fin inmediato de esta medida, que consideran una violación grave de los derechos humanos.
Además del rechazo al régimen de excepción, la protesta también abordó la corrupción en el gobierno de Bukele. Los manifestantes denunciaron el uso indebido de fondos públicos para pagar a fotógrafos y creadores de contenido, en lugar de solucionar problemas económicos y sociales urgentes. La corrupción también se refleja en el creciente endeudamiento del país y en la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Otro foco de la marcha fue el desfalco financiero de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), que ha dejado a más de 10,000 socios sin acceso a sus ahorros. Los afectados criticaron al gobierno y a la Superintendencia del Sistema Financiero por la gestión ineficaz de la situación y la lentitud en devolver los fondos. La reciente muerte del gerente general de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, ha generado preocupaciones adicionales sobre posibles maniobras para evitar el reembolso de los ahorros.
Veteranos y lisiados de guerra también se unieron a la protesta, exigiendo el restablecimiento de beneficios que les fueron legalmente otorgados, como consultas médicas y pagos de aguinaldo. Los recortes en estos beneficios han exacerbado la crisis que enfrentan los sobrevivientes del conflicto armado, generando más descontento entre este grupo.
Las organizaciones civiles, como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el apoyo a las familias afectadas por el régimen de excepción y la corrupción gubernamental.
