Publicado: enero 26, 2026
Diputados de la Asamblea Nacional avanzaron en una propuesta de ley que busca prohibir que funcionarios públicos cuenten con seguros privados, como parte de un paquete de medidas orientadas a reducir privilegios y fortalecer la equidad en el acceso a servicios públicos. La iniciativa ha generado un intenso debate político y mediático en el país.
Según los impulsores del proyecto, la prohibición pretende evitar que altos cargos del Estado mantengan coberturas diferenciadas financiadas directa o indirectamente con recursos públicos, mientras la mayoría de la población depende del sistema público de salud. Los legisladores sostienen que la medida enviaría una señal de austeridad y coherencia institucional.
Críticos de la propuesta advierten que una prohibición absoluta podría resultar inconstitucional o desincentivar la función pública, al limitar beneficios que algunos funcionarios contratan con recursos propios. También señalan que el problema de fondo no es la existencia de seguros privados, sino la debilidad estructural del sistema público de salud.
El debate se da en un contexto de creciente presión ciudadana por recortar privilegios y transparentar el uso de fondos estatales en Panamá. Mientras la iniciativa continúa su trámite legislativo, el país discute hasta dónde debe llegar la austeridad y si los funcionarios deben estar sujetos a las mismas condiciones que el resto de la población.
