Publicado: noviembre 16, 2026
La iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover una apertura democrática en Nicaragua enfrenta cuestionamientos de opositores y especialistas, quienes consideran poco probable que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo acepte negociar cambios políticos sin presiones internacionales más concretas.
La OEA conformó el pasado 2 de octubre un grupo integrado por diez países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. El mecanismo busca impulsar el diálogo con el Gobierno nicaragüense, promover elecciones con participación opositora y exigir la liberación de los presos políticos. El grupo dispone de un plazo de hasta 60 días para elaborar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas.
El académico Carlos Murillo, de la Universidad Nacional de Costa Rica, expresó dudas sobre la efectividad de la iniciativa, debido a que Nicaragua abandonó la OEA y su Gobierno desconoce la autoridad del organismo. Según el especialista, resulta improbable que Ortega y Murillo acepten recibir a una delegación internacional o modificar sus decisiones políticas. También señaló que el oficialismo mantiene un amplio control de las instituciones y que la oposición enfrenta importantes restricciones.
Por su parte, el economista y exdiputado nicaragüense Enrique Sáenz cuestionó la ausencia de varios países centroamericanos en el mecanismo. El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá no forman parte del grupo, situación que, a su juicio, debilita la iniciativa regional. Sáenz sostuvo que las gestiones diplomáticas por sí solas difícilmente modificarán la postura de Ortega y consideró que Estados Unidos dispone de mayores instrumentos para ejercer presión sobre el Gobierno nicaragüense.
El dirigente opositor Félix Maradiaga también pidió que cualquier negociación esté acompañada de medidas verificables y consecuencias ante posibles incumplimientos. Entre las alternativas mencionó sanciones específicas, restricciones financieras y la revisión selectiva de beneficios comerciales vinculados con sectores cercanos al Gobierno. Los opositores advierten que el diálogo debe formar parte de una estrategia internacional más amplia, orientada a garantizar derechos políticos, liberar a los detenidos por motivos políticos y establecer condiciones para elecciones con participación de la oposición.