Publicado: septiembre 16, 2024
En una alarmante misión, Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a una delegación del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), visitó El Salvador esta semana. Su propósito: evaluar el sombrío estado de la libertad de prensa y expresión en el país centroamericano. Lo que encontraron no solo confirma los temores previos, sino que subraya una realidad aún más perturbadora: El Salvador está inmerso en un deterioro acelerado de sus derechos fundamentales, con un riesgo inminente de empeoramiento.
El Índice de Chapultepec, una herramienta clave para medir el estado de la libertad de prensa en el continente, registró en 2023 su nivel más bajo desde 2020. Este descenso refleja un panorama sombrío para la región, pero El Salvador, según Rock, destaca negativamente en este contexto. La evaluación del Índice revela una preocupante carencia de compromiso con la libertad de prensa y de expresión en los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de la SIP no escatimó en críticas hacia el poder ejecutivo salvadoreño. Describió al actual gobierno como un ejemplo paradigmático de “gobierno de lengua dura”, donde la estigmatización de la prensa se ha convertido en una estrategia sistemática. Bajo este régimen, se ha visto un intento deliberado de erosionar la legitimidad y autoridad de los medios de comunicación, debilitando así el papel esencial de estos en la supervisión de los funcionarios y en el fomento del debate público.
El endurecimiento del entorno político en El Salvador se manifiesta en ataques constantes contra los medios, promoviendo una narrativa de rechazo hacia las voces críticas. Este fenómeno no es aislado, sino parte de una tendencia regional donde el desencanto social con la democracia alimenta un terreno fértil para regímenes autoritarios que prometen soluciones rápidas a problemas fundamentales como la seguridad y la calidad de vida. El riesgo es claro: una población desilusionada, dispuesta a sacrificar libertades por promesas de estabilidad y prosperidad.
Durante su visita, la delegación de la SIP y el CPJ se encontró con una atmósfera de negación y rechazo sistemático a las propuestas y críticas. La ausencia del presidente Bukele en las reuniones destacó la evasión del diálogo con las voces internacionales que han dedicado décadas a la defensa de la libertad de expresión. Esta actitud de desdén hacia organismos experimentados como la SIP resalta la creciente indiferencia del gobierno hacia las preocupaciones globales sobre los derechos humanos y la libertad de prensa.
La situación en El Salvador es un reflejo preocupante de un patrón más amplio en la región, donde la erosión de las libertades de prensa y de expresión avanza a pasos agigantados. La misión de la SIP y el CPJ ha puesto de manifiesto un régimen que no solo ignora las recomendaciones internacionales, sino que también adopta tácticas represivas para consolidar un control absoluto sobre la información y el discurso público.
En resumen, El Salvador se encuentra en una encrucijada crítica donde el respeto a las libertades fundamentales está en grave riesgo. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos deben estar atentos y actuar para evitar que el país caiga aún más en la trampa del autoritarismo disfrazado de reformas necesarias.
