Publicado: julio 10, 2024
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Alberto López Jerez, ha solicitado con carácter de urgencia a los juzgados del país un informe detallado sobre el personal y los casos iniciados antes del 1 de mayo de 2021.
Además, ha requerido información sobre la cantidad de procesos que ingresaron y egresaron después de esta fecha, así como aquellos que están pendientes de finalizar.
En otro memorándum enviado el mismo día, se pide a las sedes judiciales que proporcionen los nombres completos de todos sus empleados, el cargo que desempeñan y la edad de cada uno. Esta información debe ser entregada a más tardar el 19 de julio.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien publicó ambos documentos en su cuenta de X, asegura que el memorándum que solicita la cantidad de procesos judiciales busca justificar la existencia de "mora judicial". Según Anaya, el plan de López Jerez es declarar que desde su nombramiento la mora judicial ha sido eliminada, para así presionar a los funcionarios y empleados judiciales a acatar sus órdenes bajo la amenaza de auditorías si los números no son satisfactorios.
Anaya critica duramente estas acciones, argumentando que el verdadero propósito del segundo memorándum, que solicita información del personal judicial, es preparar despidos masivos. "Este señor López no debe seguir de magistrado", asevera el abogado, quien considera estas medidas como una estrategia de intimidación y control sobre el sistema judicial.
Estas solicitudes y las declaraciones de Anaya ponen en evidencia la tensión y las posibles intenciones detrás de los recientes movimientos en la CSJ, generando preocupación sobre la independencia y eficiencia del sistema judicial en El Salvador.
