Publicado: julio 15, 2025
El régimen de Daniel Ortega ha aprobado un nuevo paquete normativo que refuerza el control sobre la actividad financiera en Nicaragua, con especial énfasis en fideicomisos, empresas de arrendamiento financiero (leasing) y factoraje.
A través del Consejo Directivo Monetario Financiero (CDMF), presidido por el superministro Ovidio Reyes, se publicaron tres resoluciones en La Gaceta el 10 de julio de 2025, con las que se busca estructurar legalmente nuevas vías para mover dinero en medio del aislamiento del sistema bancario nicaragüense tras las sanciones internacionales.
Las normativas establecen que todas las entidades no bancarias que deseen operar como proveedores de servicios fiduciarios, leasing o factoraje deberán constituirse como sociedades anónimas de objeto social único, bajo supervisión directa del superintendente de Bancos. Deberán presentar informes periódicos, someterse a inspecciones y cumplir con requisitos técnicos y financieros más estrictos. Las empresas ya existentes tendrán un plazo de 90 días para adaptarse, o se verán forzadas a cerrar.
Expertos en derecho bancario consultados por medios independientes señalan que estas medidas buscan suplir la pérdida de plataformas bancarias como Bancorp, sancionado por Estados Unidos, lo cual dejó al régimen sin canales financieros formales. “Están creando una estructura jurídica para movilizar dinero sin depender del sistema bancario internacional”, advirtió un jurista bajo condición de anonimato.
Las resoluciones también establecen barreras económicas para operar: se requiere un capital mínimo de 5.5 millones de córdobas para administrar fideicomisos, y de 20 millones para empresas de leasing y factoraje. Además, las fiduciarias deberán contratar pólizas de seguro por 9.15 millones de córdobas. Con estas medidas, el régimen intenta consolidar un sistema paralelo de circulación de capitales, altamente regulado y bajo control directo del oficialismo.
Fuente: El Confidencial
