Publicado: enero 21, 2025
Grupos sociales presentaron este 21 de enero de 2025 una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalando irregularidades en la aprobación de la Ley de Minería Metálica, que consideran una amenaza para la salud y la vida de los salvadoreños.
Roxana Cardona, abogada y fundadora de Justicia Social y Contraloría Ciudadana, explicó que la Asamblea Legislativa no respetó el procedimiento establecido en la Constitución para la aprobación de leyes. Según ella, la discusión legislativa careció de rigor y no se cumplió con el artículo 80 del reglamento interno, que exige analizar y debatir cada artículo de una ley. "Se limitaron a discutir diapositivas sin presentar un análisis técnico o académico", criticó Cardona.
El movimiento Víctimas Demandantes (Vida), representado por Benjamín Cuéllar, advirtió que la minería metálica pone en peligro el derecho a la vida y la salud, priorizando intereses económicos por encima del bienestar humano. "La Constitución protege a la persona como fin supremo del Estado. Esta ley contraviene ese principio fundamental", expresó Cuéllar.
Por su parte, Patricio Pineda, de la Mesa Permanente para una Pensión Digna, señaló que la normativa fue aprobada sin consultar a las comunidades afectadas ni considerar estudios científicos previos que demostraban la inviabilidad de la minería en el país. "La geología y geografía de El Salvador hacen imposible una explotación minera sin graves consecuencias ambientales y sociales", afirmó Pineda.
La Ley de Minería Metálica fue aprobada en diciembre de 2024, revocando una prohibición histórica que protegía al país de los riesgos asociados a esta actividad. Las organizaciones demandantes instan a la Sala de lo Constitucional a declarar la ley inconstitucional para salvaguardar los derechos fundamentales de la población y prevenir daños irreversibles al medio ambiente.
