Publicado: noviembre 19, 2025
Más de una treintena de organizaciones internacionales, regionales y nacionales especializadas en libertad de expresión manifestaron este miércoles su “grave preocupación” ante el ambiente de hostigamiento, estigmatización y amenazas que enfrentan periodistas y medios en Honduras, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
El pronunciamiento, encabezado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y respaldado por entidades como Reporteros Sin Fronteras, CPJ, Artículo 19 y IFEX-LAC, señala que el país atraviesa un entorno “hostil e incompatible con los estándares internacionales”.
El comunicado destaca que en las últimas semanas altos mandos de las Fuerzas Armadas, particularmente el general Roosevelt Hernández, han lanzado acusaciones públicas contra medios y periodistas, describiendo algunas coberturas como “campañas mediáticas disfrazadas” y vinculándolas sin pruebas con estructuras criminales. Para las organizaciones firmantes, este tipo de discurso constituye estigmatización directa, busca desacreditar el trabajo periodístico y puede incrementar los riesgos para quienes cubren corrupción, crimen organizado o procesos electorales.
El documento recuerda que el Estado hondureño está obligado a garantizar la seguridad, independencia y libre ejercicio de la prensa, especialmente en un periodo electoral marcado por tensiones políticas. Las organizaciones señalan antecedentes recientes como amenazas judiciales contra medios, intentos de obligarlos a revelar fuentes, ataques digitales y campañas de descrédito. Entre los casos mencionados figuran las agresiones discursivas contra el Grupo OPSA y las denuncias del medio digital Criterio.hn sobre hostigamiento y vulneración de cuentas.
Como acciones urgentes, el pronunciamiento exige al Estado ordenar a las Fuerzas Armadas abstenerse de cualquier intervención política, investigar ataques y amenazas, fortalecer los mecanismos de protección y establecer canales formales de diálogo con la prensa. Asimismo, llama a la comunidad internacional —incluidas misiones de observación electoral de la ONU, OEA y la Unión Europea— a mantener vigilancia estrecha antes, durante y después de las elecciones, ante el riesgo de que el clima de intimidación se agrave en el cierre del proceso.
