Publicado: enero 30, 2019
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, decretó la detención provisional contra el expresidente asilado en Nicaragua, Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, por el caso de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.
La jueza Íngrid Fuentes resolvió decretar la detención provisional y ordenó notificar a la Policía Nacional Civil (PNC), Migración y la sede salvadoreña de la Policía Internacional (INTERPOL) las órdenes de captura internacional para ambos.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Funes junto a Ada Guzmán, el empresario Miguel Menéndez; Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Mario Pieragostini y José Quinteros, representantes de la constructora ASTALDI, de por corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.
En septiembre de 2008, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa constructora italiana ASTALDI, firmaron un contrato para la construcción de la presa El Chaparral por un monto de $219,900,509.90 millones de dólares, un contrato "llave en mano", lo que significa que no puede incrementarse el precio de la obra.
Esta empresa, representada por Mario Pieragostini, presentó una serie de reclamos a CEL, alegando una serie de imprevistos para justificar el incremento en el monto del proyecto. Previendo acciones legales de la constructura, la autónoma contrató a una firma legal experta en arbitrajes internacionales, además del contrato de la empresa NOVOTEC que se encargó de realizar un peritaje en el sitio de la obra para verificar lo alegado por la constructora.
Sin embargo, se ordenó a los asesores evitar el arbitraje y buscar un arreglo directo con ASTALDI, seguidamente, Funes nombró como presidente de CEL a José Leopoldo Samour quien ejecutó la orden de llegar a un arreglo, pagándoles el costo de la obra ejecutada hasta el momento más un monto de $45,244,418.00 dólares sin existir base legal y técnica de para pagar ese monto adicional.
Esta es la cuarta orden de captura en contra del expresdiente Funes, asilado en Nicaragua bajo la protección de Daniel Ortega, las otras tres están relacionadas a los al desvío de $351 millones de la partida secreta de la Presidencia durante su mandato, por entregar dádivas al ex fiscal general Luis Martínez y por divulgar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), considerado un documento en reserva.
