Publicado: noviembre 06, 2024
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador reservó hasta 2031 la documentación relacionada con el caso de desfalco de $35 millones que afectó a los ahorrantes de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi).
Según el Índice de Información Reservada de la SSF, esta medida también cubre “todos los procesos en trámites y tramitados” vinculados con la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con este caso.
La SSF justificó la decisión alegando que revelar estos documentos podría perjudicar “la normativa aplicable a los supervisados” y comprometer “estrategias y acciones en los procesos en trámites”. Sin embargo, expertos en transparencia, como Ruth Eleonora López de Cristosal, consideran que la reserva es “injustificada” y que debería ser la excepción, no la norma, especialmente en un caso que afecta a los derechos de información de las víctimas y de la ciudadanía en general.
Henri Fino, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), sugirió que la reserva podría estar encubriendo a funcionarios o personas influyentes relacionadas con la cooperativa. Fino añadió que esta medida, en su opinión, responde a la presión de las víctimas que buscan claridad sobre los responsables del desfalco, en un proceso envuelto en oscurantismo desde sus inicios.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, propuso que se revise documento por documento para establecer cuáles realmente deben ser clasificados como “reservados” y recordó que, por ley, las víctimas del desfalco deberían tener acceso a la información que las afecta.
La SSF defendió la reserva amparándose en los literales e, f, g y h del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que establece restricciones en casos donde la divulgación podría afectar investigaciones, justicia o generar ventajas indebidas.
Fuente: La Prensa Gráfica
