Publicado: agosto 20, 2025
Con 57 votos a favor, el oficialismo en la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, una nueva estructura que dependerá directamente de la Presidencia de la República y que dejará fuera de control al Ministerio de Salud (MINSAL).
La normativa, discutida y aprobada en menos de una semana, establece un sistema paralelo con autonomía administrativa, patrimonio propio y facultades discrecionales para contratar, concesionar servicios e incluso traer médicos extranjeros sin necesidad de homologar sus títulos en el país.
La ley permite que esta nueva entidad no se rija por la Ley de Compras Públicas, sino que disponga de un régimen especial de adquisiciones y contrataciones, lo que, según diputados de oposición y sindicatos del sector, abre una peligrosa puerta a la privatización de la salud pública.
El artículo 3 de la normativa autoriza a la Red a otorgar concesiones de los servicios que considere convenientes, mientras que el artículo 97 obliga a instituciones públicas y privadas a colaborar con la red de manera obligatoria en todo lo que se le requiera, sin limitarse a emergencias.
Los cuestionamientos no tardaron en llegar. La diputada Claudia Ortiz advirtió que la falta de controles efectivos propiciará corrupción, recordando las irregularidades en el manejo de fondos durante la pandemia de COVID-19.
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro denunció que esta ley despoja al MINSAL de sus funciones esenciales, dejando el sistema de salud en manos de un ente paralelo sin fiscalización real ni exigencias de transparencia. Pese a ello, los representantes del oficialismo defendieron la iniciativa como un paso hacia la modernización del sistema y aseguraron que el hospital Rosales se convertirá en el más avanzado de la región.
La junta directiva de la Red estará integrada mayoritariamente por delegados de Casa Presidencial y funcionarios afines al Ejecutivo, sin que la ley exija formación médica ni experiencia en gestión hospitalaria. Para la oposición, esto confirma que se trata de un diseño institucional hecho a la medida del poder presidencial, con un margen de discrecionalidad que pone en riesgo el futuro de la salud pública en El Salvador.
