Publicado: noviembre 07, 2025
La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes entró en vigencia este jueves en Nicaragua, estableciendo la entrega obligatoria de datos personales, estadísticos y georreferenciados de los usuarios a Telcor, el ente estatal de control de telecomunicaciones.
La normativa, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada por unanimidad en un Parlamento dominado por el oficialismo y publicada en el Diario Oficial La Gaceta. El artículo 109 obliga a las empresas operadoras y proveedores de servicios digitales a suministrar “toda la información requerida” por Telcor, bajo la dirección de Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional.
Además, la ley impone que los creadores de contenido y canales que transmiten vía internet soliciten una licencia para operar, extendiendo el control estatal a medios digitales y plataformas audiovisuales. El régimen sostiene que la medida busca mejorar la conectividad y calidad de los servicios, pero críticos la califican como una herramienta para vigilar y censurar a la ciudadanía.
Organizaciones como la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunciaron que la ley permitirá el espionaje masivo. El opositor Eliseo Núñez advirtió que el Gobierno pretende “perfilar a las personas que sean de su interés”, incluyendo funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad.
