Publicado: octubre 20, 2025
La nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, vigente desde el 17 de octubre, ha generado preocupación entre analistas y sectores políticos por una disposición que podría abrir las puertas del sistema financiero a personas con antecedentes de delitos graves.
El artículo más polémico establece que ninguna institución podrá negar el acceso a servicios financieros a personas con señalamientos o antecedentes por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o delitos relacionados, si no existe una “evaluación individual y objetiva del riesgo”.
En la práctica, esta cláusula impide a los bancos aplicar bloqueos o restricciones preventivas, salvo en casos que provengan de investigaciones oficiales o de listas de sanciones de Naciones Unidas.
Durante la plenaria en que fue aprobada, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, advirtió que la redacción de la ley es ambigua y abre espacio a la discrecionalidad, ya que menciona expresamente que los “antecedentes relacionados” no pueden ser causa de exclusión.
“No es posible que una ley contra el lavado termine protegiendo a quienes están ligados a estos delitos”, cuestionó.
Pese a las críticas, el oficialismo defendió la medida argumentando que busca evitar la “rumorología” y las “listas negras” internas de los bancos. Sin embargo, expertos en transparencia advierten que la disposición debilita los controles financieros y podría facilitar que personas investigadas por lavado o corrupción mantengan acceso al sistema bancario bajo el pretexto de una evaluación “subjetiva”.
