Publicado: noviembre 25, 2024
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido gobernante Frente Sandinista, aprobó este viernes una serie de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Estas modificaciones afectan más de 100 artículos de la Constitución y consolidan el poder absoluto de la pareja presidencial en el país centroamericano.
Uno de los cambios más polémicos es la creación de la “copresidencia”, establecida en el artículo 133, que convierte a Ortega y Murillo en copresidentes. En caso del fallecimiento de uno de ellos, el sobreviviente asumirá la presidencia en solitario, consolidando así una sucesión dinástica. Críticos han comparado este sistema con los regímenes monárquicos medievales.
La reforma también extiende el período presidencial a seis años, lo que prolonga el actual mandato de Ortega y Murillo hasta 2027, con la posibilidad de reelección indefinida. Además, la nueva legislación elimina la separación de poderes, otorgando al Ejecutivo control sobre el Legislativo, Judicial, Electoral y otras instituciones del Estado. Ortega y Murillo tendrán la facultad de nombrar y remover altos funcionarios del gobierno y prohibirán la candidatura a opositores despojados de su nacionalidad.
Otra novedad es la creación de una "Policía Voluntaria", integrada por civiles para apoyar a la Policía Nacional. Este cambio ha generado preocupación por la posibilidad de que el ejército pueda intervenir en asuntos internos cuando el gobierno lo considere necesario. Finalmente, la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue añadida como símbolo patrio, consolidando la identificación del país con el partido gobernante.
Estas reformas han sido recibidas con críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua, siendo calificadas como un paso más hacia la instauración de una dictadura familiar. La Organización de Estados Americanos (OEA) y líderes opositores en el exilio han expresado su rechazo, advirtiendo sobre la concentración del poder en manos del matrimonio Ortega-Murillo.
