Publicado: julio 13, 2020
Este lunes fue interpuesta una denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra el ministro de Salud Pública, Francisco Alabí, por autorizar autorizar un contrato por $225 mil para comprar botas de hule a una empresa de su familia, que se dedica a vender repuestos para vehículos.
La denuncia fue presentada por la ciudadana Daniela Genovés quien alegó que existe conflicto de interés por parte del funcionario: “Eso constituye una infracción a la Ley de ética Gubernaemtal en el artículo 5 por conflicto de interés. Por esa razón yo vine a poner la denuncia”, declaró la denunciante a los medios de comunicación a la salida del Tribunal.
"No es posible que se esté utilizando el tema del COVID-19 para favorecer a los familiares de los funcionarios”, agregó Genovés.
Una publicación del medio digital Gato Encerrado, reveló que Alabí, autorizó y compró botas de hule para personal médico por $225 mil dólares, según consta en la orden de compra, número 133/2020 donde aparece la firma del funcionario y la de Celina Quiñonez, quien es presidenta y representante legal de una empresa que se dedica a vender repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V.
Celina también es la tía política de Alabí y madre de sus primos hermanos: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez. Todos ellos también aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según el Centro Nacional de Registros (CNR), publicó Gato Encerrado.
Este no es el primer señalamiento de corrupción en contra del ministro de Salud del gobierno del presidente Nayib Bukele, el pasado 1 de julio, el Movimiento Independiente de Ciudadanos No Partidarios, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República, en contra del ministro de Salud, Francisco Alabí y otros funcionarios para que investigue la compra por más de $11 millones en insumos médicos a una empresa que vende respuestos para vehículos.
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También, el Tribunal de Ética Gubernamental recibió una denuncia contra el ministro de salud Francisco Alabí por haber incurrido en la transgresión del deber ético y autorizar una orden de compra en favor de la empresa Insema S-A. de C.V. propiedad de Jorge Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador.
