Publicado: agosto 20, 2024
El Ministerio de Educación (MINED) ha confirmado a los proveedores que el segundo uniforme escolar previsto para 2024 no se confeccionará debido a problemas financieros y de tiempo. La noticia ha caído como un balde de agua fría para los cerca de 3,500 proveedores que dependen de estos contratos, y que ahora enfrentan un panorama aún más incierto y precario.
Ana Isabel Meneses, Coordinadora Nacional de Proveedores de Uniformes, detalló que, aunque se les aseguró que el primer uniforme del año 2025 estará a cargo de los mismos proveedores, no hay garantías sobre la confección del segundo uniforme de ese año. "El Ministerio debe prepararse financieramente", fue la explicación que recibieron durante la reunión celebrada esta mañana frente a las instalaciones del Mined en San Salvador.
La cancelación del segundo uniforme no solo afecta a los proveedores directos, sino también a más de 20,000 empleados de talleres de confección que dependen de este trabajo para sostener a sus familias. Muchos de estos pequeños empresarios han invertido en sus talleres con créditos bancarios, financiando la compra de materiales y el mantenimiento de sus equipos, confiando en los contratos del gobierno.
El retraso en los pagos y la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos han generado un clima de desesperación entre los proveedores. La concentración de este martes, que contó con la participación de decenas de afectados, es una muestra del profundo malestar que se vive en el sector.
Milba y María, dos trabajadoras del mismo taller en Moncagua, San Miguel, expresaron su preocupación. Tras 15 años dedicados a la confección de uniformes escolares, temen que la cancelación del programa signifique el fin de sus medios de vida. "Nos han dejado en el aire", comentó una de ellas, visiblemente afectada.
La situación sigue siendo crítica, y los proveedores exigen una respuesta clara y medidas concretas para garantizar su sustento y el de sus empleados. Mientras tanto, la cancelación del segundo uniforme en 2024 marca un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y un sector clave para la economía de miles de familias salvadoreñas.
Fuente: elsalvador.com