Publicado: noviembre 13, 2019
Por Victor H Becerra
Retomado de PanamPost
El viernes pasado, el expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva fue liberado tras permanecer encarcelado 19 meses por corrupción, cumpliendo así una pena de ocho años y 10 meses desde abril de 2018.
Por la notoriedad del caso y porque gran parte de la lucha política alrededor de él se juega en el terreno de lo simbólico y de las percepciones, conviene tener claras las cosas: la excarcelación de Lula es solo una cuestión de procedimiento, no determina su inocencia ni juzga que el proceso por el cual se le encerró haya sido erróneo o injusto, ni suspende ninguno de los varios procesos penales en curso en su contra. Es decir, Lula no es inocente y seguramente volverá a prisión en cualquier momento.
El asunto es así: la liberación simplemente es un procedimiento, tras un nuevo criterio procesal de la Corte Suprema brasileña (STF), que beneficia a Lula y a miles de otros presos y que ordena que nadie podrá ser encarcelado mientras no sea condenado en la cuarta instancia (instancia que sería el pleno del STF), es decir, la Corte ha decidido que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales. Lula fue encarcelado en abril del año pasado, en segunda instancia, porque el criterio anterior así lo establecía.
El STF modificó el jueves la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de penas a partir de una condena en segunda instancia, norma que el mismo cuerpo judicial había instaurado en 2016, pero que antes, en esta misma década, ya había cambiado en otras dos ocasiones. Cabe aclarar que la ejecución de la sentencia en segunda instancia fue la norma vigente antes de la promulgación de la Constitución brasileña de 1988.
Cierta razón le asiste a muchos que critican el nuevo criterio: sin una legislación firme, no sujeta al manoseo político, sin previsibilidad jurídica, ningún país es serio ni confiable. Pero también les asiste a quienes creen que algo tan grave como una pena de prisión deben empezarse a cumplir solo cuando el acusado agote todos los recursos a su alcance, y tras una sentencia condenatoria en firme. Se respetaría así un derecho fundamental, el de la libertad y el debido proceso para defenderla, que es una crucial conquista histórica de la ciudadanía libre frente al Estado. Una libertad, un derecho fundamental siempre combatido por regímenes despóticos.
Al margen (y en contraste), no deja de ser curioso cómo en otros países de America Latina, México estelarmente, se extiende arbitrariamente la prisión preventiva oficiosa. Allí, los políticos de izquierda que gritan que Lula es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, son precisamente los que aplauden los nuevos delitos con prisión sin juicio que aprobaron a pedido del presidente López Obrador. Así de incongruentes e hipócritas son.
Uno de los criterios seguidos por el STF para modificar el criterio es que el nuevo beneficiaría a casi 5 mil reclusos, la mayoría de ellos pobres y sin posibilidades de defensa. Por eso es entendible la indignación de sectores de la sociedad brasileña al ver que los primeros beneficiados con la nueva disposición son los políticos arrestados por causas de corrupción vinculadas al Lava Jato. Así, tras Lula, el poderoso exministro petista José Dirceu, y el exgobernador de Minas, Eduardo Azeredo, ya fueron liberados. Y detrás de ellos, hay una larga lista de políticos corruptos que solicitaron su excarcelación y están a punto de salir, pero ninguno de los reclusos pobres, negros, analfabetos, sin defensa legal.
Eventualmente Lula volverá a la cárcel. Una vez que agote los recursos en las diversos causas en su contra que se le siguen. Al respecto, Lula tiene al menos una condena en tercera instancia y varias condenas en otras. Sobre el juicio por el que se le encarceló, precisamente Lula espera la sentencia en cuarta instancia: la Corte debe aún juzgar una petición pendiente de su defensa que pide la anulación de todo el proceso. En cuanto se agoten las instancias, si se mantiene su culpabilidad, Lula volverá a estar preso, para cumplir su condena.
Quizá lo único sustantivo es que si el STF hubiera dictado este nuevo criterio antes, Lula no habría entrado a la cárcel y hubiera sido candidato presidencial y tal vez eventualmente habría ganado, pero eso es una mera suposición.
Lo cierto es que Lula fue encarcelado correctamente con el anterior criterio procesal y que el nuevo criterio no fue dirigido fundamentalmente a él, sino supuestamente a miles de otros presos. Así que su liberación no establece su inocencia, ni que se le “persiguió”, ni que fue un proceso injusto, ni que fue un “preso político”, ni nada. Y su muy seguro próximo encarcelamiento tampoco determinará que se le “persigue políticamente”: simplemente Lula agotará sus recursos de defensa y volverá a la cárcel.
Claro, su bando ideológico quiere encarecer la repercusión política de su liberación en un Brasil muy polarizado. Para ello buscan sentar la narrativa de que Lula está libre porque el TSF lo determinó específicamente, ya que siempre fue inocente y otras ideas sin sustento. Y así, si mañana lo condenan en firme en cuarta instancia, y termina de nuevo en prisión, podrán decir “Ven: ¿cómo es posible que lo liberaran y ahora lo meten de nuevo? ¡Ya lo habían declarado inocente! Esto comprueba que es una persecución política!”. Pero nada de esto se sostiene, ni en los hechos ni en las leyes.
Así que Lula es solo un criminal beneficiado temporalmente por un nuevo criterio procesal, un criminal con los mismos delitos de antes y la misma sentencia (junto a otras que se le vienen), solo pospuesta provisionalmente.
Al final, Lula no deja de ser el ladrón que siempre ha sido.
