Publicado: febrero 29, 2024
Naciones Unidas acusó el jueves al régimen de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en Nicaragua.
“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida”, indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición”.
El Estado ha atacado a civiles, incluyendo estudiantes universitarios, indígenas, negros así como a miembros de la Iglesia católica. Ahora persigue a menores y familiares por el simple hecho de estar relacionados con personas que alzaron su voz contra las autoridades.
De acuerdo con el reporte, la represión ha traspasado las fronteras del país y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron de ella, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales.
El informe de la ONU instó al régimen de Ortega a poner en libertad a los ciudadanos detenidos “de forma arbitraria” y pidió a los líderes mundiales que amplían las sanciones a “individuos e instituciones implicados en violaciones de los derechos humanos”.
El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el régimen de Daniel Ortega perpetra “abusos y crímenes” para “eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”.
“El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas”, declaró el Grupo, al reiterar expresiones del informe presentado hace un año.
La dictadura de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades.
