Publicado: septiembre 01, 2025
La Defensoría de Protección al Consumidor (DPC) atendió 5,641 denuncias contra asociaciones cooperativas de ahorro y crédito y bancos cooperativos entre enero de 2022 y agosto de 2025, según datos obtenidos por La Prensa Gráfica a través de una solicitud de información pública.
Del total, 457 casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR) por presentar indicios de irregularidades que requerían investigación penal.
Los registros revelan que 5,123 denuncias (el 90 % del total) se resolvieron a favor de los consumidores mediante medios alternos de solución de controversias, principalmente por cobros indebidos de cargos y comisiones, cláusulas abusivas e incumplimientos de contrato.
Sin embargo, la estadística refleja también la magnitud de los problemas en el sector cooperativo, especialmente tras el colapso de la cooperativa Santa Victoria de R.L. (COSAVI), intervenida desde mayo de 2024 por la FGR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
COSAVI ocupa la segunda posición en el listado de entidades más denunciadas, con 470 casos. Para los afectados, como explicó Juan José Ortiz, vocero de los socios perjudicados, la cifra oficial no refleja la magnitud real del fraude. “Si hay más de 400 denuncias contra COSAVI, dicen que ya fueron resueltas, pero en la práctica muchos seguimos sin recuperar nuestros ahorros”, reclamó. Los clientes exigen que las autoridades devuelvan el dinero o creen un fideicomiso que garantice el pago.
La economista Julia Evelyn Martínez advirtió que la crisis de COSAVI compromete al conjunto del sector cooperativo financiero, debilitando la confianza de miles de usuarios. A su juicio, la responsabilidad recae en las instituciones de control que, pese a conocer lo sucedido, no actuaron a tiempo. “La Superintendencia, la Defensoría y la Fiscalía han preferido callar o dar información a medias. Esto afecta directamente a sectores excluidos del sistema bancario, como mujeres emprendedoras y microempresas, que desde mayo de 2024 perdieron una alternativa de inclusión financiera”, señaló.
El caso COSAVI continúa marcado por denuncias de fraude, omisiones institucionales y señalamientos de vínculos políticos, mientras el efecto dominó amenaza con extenderse hacia otras cooperativas que atienden a miles de salvadoreños en el sistema financiero paralelo.
Fuente: La Prensa Gráfica
