Publicado: julio 24, 2024
Representantes de diversas oficinas del gobierno estadounidense se reunieron con Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, para conocer el último informe de la organización sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción. La reunión, informada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU., se centró en garantizar juicios justos y libertades civiles dentro de una estrategia sostenible de seguridad ciudadana.
El informe titulado "El silencio no es opción" detalla prácticas de tortura y otras violaciones cometidas por el gobierno salvadoreño durante el estado de excepción. Cristosal agradeció a las oficinas gubernamentales de EE.UU. por la oportunidad de presentar su investigación. "Agradecemos a los representantes del @StateDept, el Consejo de Seguridad Nacional, @USAIDLAC y la Oficina de la Vicepresidencia de EE.UU. por brindarnos la oportunidad de presentar nuestro informe ‘El silencio no es opción’", publicó Cristosal en sus redes sociales.
En la reunión participaron importantes figuras como Catherine Newling, directora de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Russell Porter, director del Consejo de Seguridad Nacional para Centroamérica y Cuba; Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; y Scott Winton, asesor especial del vicepresidente para el Hemisferio Occidental. Un día después, Cristosal presentó el informe a medios de comunicación y organizaciones sociales en Honduras.
Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, destacó que la tortura es una política de Estado en El Salvador, con la complicidad del poder judicial, aunque las autoridades lo nieguen. El informe documenta la muerte de 261 personas, incluidas cuatro niñas y niños, bajo custodia estatal en los 28 meses de régimen de excepción. Además, señala que 176 menores quedaron huérfanos después de que sus padres o madres murieran en prisión.
Según los datos de Cristosal, el 93% de los fallecidos eran hombres jóvenes de bajos recursos económicos, y un 40% provenían de zonas rurales aunque residían en áreas urbanas al momento de su captura. La investigación se basa en 3,643 denuncias de abusos o violaciones de derechos recibidas entre marzo de 2022 y abril de 2024, una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. Además, se documentaron 265 muertes, incluidas las de cuatro niñas y niños, y se sistematizó una muestra de 1,178 casos de personas detenidas en 2022.
El informe de Cristosal sostiene que muchas personas criminalizadas bajo el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. En contraste, los representantes del Estado salvadoreño han negado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de torturas o muertes violentas en las prisiones. "En El Salvador, en los centros penales no hay torturas, aquí no se asesinan a las personas. Esta no es una lucha política, ni son centros de concentración", aseguró Andrés Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, durante una audiencia pública de la CIDH realizada el 12 de julio de 2024.
