Publicado: abril 30, 2025
La cadena internacional CNN reveló este lunes que fue Ibrahim Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, quien negoció en nombre del gobierno de El Salvador el polémico acuerdo con Estados Unidos para recibir a ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a cambio de la deportación de líderes de la MS-13 detenidos en cárceles estadounidenses.
De acuerdo con correos electrónicos obtenidos por CNN, el gobierno salvadoreño ofreció albergar a los venezolanos con un “50 % de descuento” si Estados Unidos accedía a devolver a nueve líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), algunos de ellos acusados de terrorismo en cortes federales. El correo citado habría sido enviado por Ibrahim Bukele a Michael Needham, jefe de gabinete del secretario de Estado Marco Rubio, días antes de los primeros vuelos de deportación.
El acuerdo entre ambas administraciones contemplaría inicialmente el pago de $20,000 por cada venezolano retenido en el CECOT, con un límite de hasta 300 personas y un costo total de $6 millones por año. No obstante, CNN afirma que EE. UU. propuso en un inicio enviar hasta 500 venezolanos, lo que habría elevado la cifra a $10 millones anuales. El trato incluía la posibilidad de extender el convenio por un segundo año, sujeto al retorno de los pandilleros salvadoreños.
Además, la investigación de CNN detalla que el pasado 22 de marzo el gobierno de EE. UU. ya desembolsó casi $5 millones como subvención directa a El Salvador, para financiar los costos operativos del CECOT y cubrir la detención de los 238 venezolanos deportados desde mediados de marzo.
Entre los pandilleros requeridos por El Salvador se encuentran cabecillas de la MS-13 con información sensible sobre la supuesta tregua entre el gobierno salvadoreño y estructuras criminales para reducir homicidios. Hasta ahora, solo uno de los nueve líderes solicitados, César Antonio López Larios, alias El Greñas, ha sido deportado y recluido en el CECOT, el 16 de marzo.
El gobierno salvadoreño no ha ofrecido declaraciones sobre la supuesta participación del hermano del presidente en las negociaciones ni sobre los detalles financieros del acuerdo. Tampoco se han pronunciado sobre las implicaciones legales y éticas de intercambiar reclusos por cabecillas de estructuras criminales.
