Publicado: agosto 14, 2024
El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Oficial de Derechos Humanos en El Salvador, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe detallado sobre los casos en los que personas continúan en prisión pese a existir órdenes judiciales para su liberación.
Esta demanda, realizada a través del Oficio SGKR 439-2024 fechado el 9 de agosto, ha puesto nuevamente bajo escrutinio la situación de los derechos humanos en el país.
Firmado por la Secretaria General de la CSJ, Julia del Cid, el documento solicita a los Tribunales de Sentencia que proporcionen información sobre el número de casos en los que la Dirección General de Centros Penales no ha acatado las órdenes de libertad. La inacción de las autoridades penitenciarias podría estar prolongando ilegalmente la detención de muchas personas.
Diversas organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Cristosal, y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ya habían denunciado reiteradamente este fenómeno. Según estas agrupaciones, personas que fueron arrestadas bajo el régimen de excepción, acusadas de pertenecer a pandillas, permanecen detenidas a pesar de que jueces han ordenado su liberación. Este aparente desacato de Centros Penales plantea serias dudas sobre la legalidad y el respeto a las decisiones judiciales en el marco del régimen de excepción.
El requerimiento del Gobierno estadounidense marca un nuevo capítulo en las tensiones entre El Salvador y la comunidad internacional en materia de derechos humanos, dejando la duda sobre el estado de la independencia judicial y la transparencia en la aplicación de justicia en el país.
