Publicado: julio 01, 2025
El Órgano Ejecutivo reformó el reglamento de la Ley de Compras Públicas (LCP) para incorporar el concepto de “proyectos estratégicos de utilidad pública”, una figura que permite a las instituciones eludir los procesos ordinarios de contratación.
La medida establece también el procedimiento que deberá seguirse para otorgar esa categoría a los proyectos estatales.
Desde la entrada en vigencia de la LCP en febrero de 2023, esta figura se encontraba mencionada como una de las 15 excepciones en la ley, pero no contaba con un desarrollo normativo que explicara cómo se definiría o aplicaría. La reforma ahora delega en el Consejo de Ministros la facultad de calificar un proyecto como estratégico, aunque sigue sin existir un registro público que permita conocer qué iniciativas han sido eximidas del proceso regular de compras.
Expertos en contrataciones públicas, consultados por LA PRENSA GRÁFICA bajo anonimato, según publicó en su sitio web, señalaron que la reforma parece buscar una apariencia de legalidad para justificar contrataciones directas, sin criterios técnicos claros. Uno de ellos cuestionó que se pretenda equiparar “utilidad pública” con “urgencia”, lo cual podría distorsionar la figura de contratación directa y abrir espacio para discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
Durante los dos años de vigencia de la LCP, el oficialismo ha aprobado leyes especiales para permitir contrataciones fuera del marco general de la ley en proyectos como el aeropuerto del Pacífico, el tren del Pacífico, infraestructura deportiva y turística, y recientemente, obras escolares. La nueva reforma refuerza esa tendencia, generando preocupación entre sectores que demandan mayor transparencia en el uso de los recursos del Estado.
Fuente: La Prensa Gráfica
