Publicado: octubre 14, 2024
El gobierno de El Salvador anunció un recorte significativo en su contribución a la seguridad social destinada a capacitaciones laborales para la población, como parte del proyecto de presupuesto general de la nación para 2025. Esta medida ha generado preocupación debido al impacto que podría tener en la formación profesional de los salvadoreños.
El recorte se refleja en una disminución considerable en las contribuciones del sector público para este fin, en comparación con lo programado para 2024. En el presupuesto del año pasado, antes de que el gobierno eliminara el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), la contribución estimada para la seguridad social en 2024 era de $51.6 millones, de los cuales $46.5 millones provenían del sector privado y $5 millones del sector público.
Sin embargo, para el próximo año, el gobierno ha reducido drásticamente su aporte. Este descenso en la contribución pública se produce a pesar de que las empresas privadas y las instituciones autónomas con al menos 10 empleados deben seguir realizando el aporte obligatorio del 1% de su planilla, según lo establece la Ley de Creación del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), que reemplazó al INSAFORP.
El INCAF, que está encargado de continuar con las capacitaciones laborales en el país, no comenzó a ofrecer estos programas hasta la segunda mitad de 2024, lo que ha generado dudas sobre la eficacia de la transición entre ambos institutos y el uso de los recursos destinados a la formación laboral.
El recorte en la contribución pública podría comprometer los esfuerzos de capacitación en un contexto donde la formación laboral es crucial para mejorar la competitividad y las oportunidades de empleo en el país. Además, esta medida podría aumentar la carga sobre el sector privado, que continúa siendo la principal fuente de financiación para estos programas.
A medida que la Asamblea Legislativa estudia el proyecto de presupuesto para 2025, es probable que este recorte genere debates sobre la necesidad de mantener un financiamiento adecuado para la formación laboral y garantizar que los programas de capacitación lleguen a la población que más los necesita.
