Publicado: septiembre 20, 2022
La forma a la Ley de Intervención a las Telecomunicaciones, el presentadas a la Asamblea Legislativa pretende que la Fiscalía General de la República (FGR) no sea sometida a auditorías en el uso de este mecanismo de investigación, y declarar como "reservados" todos los informes especiales hechos a esta institución, encargada de las escuchas telefónicas a los ciudadanos.
La reforma incluye una modificación al artículo 33 de esta ley para eliminar la obligación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de practicar auditorías al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, un ente adscrito a la FGR encargado de ejecutar la intervención de telecomunicaciones, autorizadas a su vez por jueces.
Con esta reforma, la PDDH únicamente podrá emitir auditorías "por resolución fundamentada", en casos específicos que ya estén judicializados; o de oficio cuando haya una violación al derecho de intimidad.
Ademá, estos informes de auditorías "serán de carácter reservado" y remitidos al Fiscal General, para que él determine si se inicia o no una acción legal.
