Publicado: diciembre 15, 2022
El Gobierno pidió reformas a la Ley Anti Extorsiones, que permitirán encarcelar a empresarios y a toda persona con negocios pequeños que se ve obligada por amenazas a pagar extorsiones a los grupos criminales.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que se incorpora el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales”, para prohibir y sancionar penalmente de 5 a 8 años a empresas, directivos y representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado que pagan extorsión a las estructuras criminales.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y diputados de la oposición rechazaron ayer esa medida, pues consideran que el gobierno de Bukele está convirtiendo en delincuentes a quienes en realidad son las “víctimas”, que necesitan protección del Estado y que van desde grandes empresarios hasta dueños de pequeños negocios.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, expresó que la propuesta del gobierno es peligrosa, porque traslada a la ciudadanía una responsabilidad que es del Estado.
