Publicado: junio 06, 2020
Los funcionarios públicos que de forma arbitraria cierren negocios, estarán violentado el derecho a la libertad económica que protege la Constitución de la República, por lo que tendrían que responder con sus bienes por los daños causados.
El artículo 245 de la Constitución de la República reza textualmente: "Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación de los derechos consagrados en esta Constitución".
Al respecto, consultamos al abogado Javier Castro, Director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y explicó que si se dan cierres de empresas sin base legal y violando el debido proceso, es decir, de manera arbitraria, con ello se estaría violando el derecho a la libertad económica, entre otros derechos protegidos por la Constitución de la República.
Este día, el presidente Nayib Bukele arremetió contra la empresa privada y amenazó de cerrar de forma arbitraria los negocios que abran a partir del próximo lunes.
"Sabemos qué hay empresarios irresponsables, liderados por este partido político (ANEP), que piensan abrir sin autorización del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Trabajo. Las empresas que se sumen a esta gravísima violación sanitaria, serán cerradas PERMANENTEMENTE", publicó Bukele a través de su cuenta de Twitter.
El Salvador ya suma 78 días de restricción de derechos mediante normas decretadas o promovidas por el Órgano Ejecutivo violantando de esta forma el Estado de Derecho, por lo que connotados abogados han expresado que es urgente un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional.
