Publicado: junio 07, 2024
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó este jueves una demanda civil en la Corte Primera de lo Civil de San Salvador contra Alexander Segovia, ex secretario técnico de la Presidencia durante el mandato de Mauricio Funes (2009-2014). La acción legal se fundamenta en acusaciones de enriquecimiento ilícito que suman más de un cuarto de millón de dólares.
"La FGR ha presentado una demanda civil contra Alexander Ernesto Segovia Cáceres y su grupo familiar, acusados de enriquecerse ilegalmente con $279,555.80", comunicó la Fiscalía en su cuenta oficial de la red social X (anteriormente Twitter). La entidad acusadora sostiene que Segovia y su familia no han podido justificar una serie de depósitos en cuentas bancarias, compras de vehículos, transacciones inmobiliarias y otros rubros que han levantado sospechas de actividad ilícita.
Según los detalles del caso, la Fiscalía solicita que Segovia y su familia reintegren la suma total al Estado. A Alexander Segovia se le reclama específicamente la cantidad de $173,702.27 dólares. Por su parte, a su esposa Ana María Jiménez de Segovia se le exige la devolución de $54,328.33, y a su hija Elisa María Segovia Jiménez, $51,525.20.
Esta demanda es parte de una serie de procesos civiles emprendidos contra exfuncionarios públicos en El Salvador, basados en investigaciones llevadas a cabo por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estas investigaciones tienen como objetivo revisar y verificar la legitimidad de los patrimonios de los exfuncionarios, asegurando que sus ingresos y bienes se correspondan con sus declaraciones y no involucren fondos de origen ilícito.
El caso de Alexander Segovia se une a una creciente lista de exfuncionarios bajo escrutinio judicial en el país. La FGR ha intensificado sus esfuerzos por recuperar fondos presuntamente malversados, destacando un enfoque renovado en la lucha contra la corrupción. Estos procesos buscan no solo la restitución de activos mal adquiridos al Estado, sino también reforzar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
La demanda presentada esta semana señala un esfuerzo continuo del gobierno salvadoreño para enfrentar el legado de corrupción en administraciones anteriores, subrayando la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Los resultados de estas acciones legales podrían tener un impacto significativo en la confianza pública hacia las instituciones estatales y en la política de combate a la corrupción en el país.
