Publicado: enero 25, 2025
El fiscal general de Ohio, Dave Yost, solicitó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que se revise el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos de 17 países, entre ellos El Salvador, Honduras y Venezuela. En una carta respaldada por 18 fiscales generales, se instó a determinar si las condiciones actuales de los beneficiarios justifican la continuidad del programa.
El documento destaca que el TPS fue creado para ofrecer protección temporal en casos de conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias excepcionales, pero cuestiona que varias designaciones se hayan extendido durante décadas, desviándose de su intención original.
“Transformar el TPS en un permiso de residencia permanente contradice los objetivos legislativos del Congreso y genera presiones económicas y administrativas en los estados”, argumentó Yost en su misiva.
Como ejemplo, los fiscales mencionaron la situación de Honduras, que recibió el TPS en 1998 tras el huracán Mitch. Según el grupo, la extensión de este beneficio basada en condiciones relacionadas con aquel desastre natural refleja un uso inadecuado del programa.
La solicitud pone en la mira a miles de beneficiarios del TPS en Estados Unidos, especialmente en comunidades migrantes de países como El Salvador, cuya designación inicial se otorgó tras los terremotos de 2001. El llamado a revisión podría abrir un debate sobre el futuro de este programa y su impacto en las políticas migratorias del país.
