Publicado: agosto 14, 2024
En un giro preocupante para la soberanía económica de El Salvador, el Estado solo tendrá una participación simbólica del 20 % en la empresa que manejará los puertos de Acajutla y La Unión. El accionista mayoritario será Yilport, una empresa extranjera que, con el 80 % de las acciones, controlará los principales puntos de acceso marítimo del país por los próximos 50 años.
Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), ha defendido la medida afirmando que se trata de un acuerdo ventajoso para el país. Sin embargo, las declaraciones del funcionario durante una entrevista en "Frente a Frente" no han hecho más que encender las alarmas en diversos sectores que temen que esta maniobra encubra un tipo de "concesión disfrazada".
Evasión legislativa y una ley hecha a medida
El asombro radica en que este acuerdo se llevó a cabo sin pasar por la Asamblea Legislativa, algo que expertos y voces críticas califican como inconstitucional. ¿Cómo es posible que un bien estratégico del Estado haya sido entregado a una empresa extranjera sin debate público ni autorización legislativa? La respuesta parece estar en las modificaciones a la ley orgánica de CEPA, aprobadas en 2023, que le otorgan facultades para formar asocios público-privados y empresas de economía mixta sin rendir cuentas a ninguna otra institución. Una carta blanca que le ha permitido a Anliker y a la administración actual operar en la sombra, con un acuerdo que no ha sido visto por más ojos que los de CEPA y la empresa privada turca Yilport.
"La participación del privado, en este caso de Yilport, es del 80 %. Nosotros, como CEPA, tenemos el 20 %", mencionó Anliker, sin titubear al confirmar la sumisión del Estado a los intereses de una empresa extranjera en un acuerdo que parece haber sido cocinado a puerta cerrada.
¿Privatización o entrega sin condiciones?
El trasfondo legal es lo más preocupante. Expertos en derecho económico y constitucional han advertido que este acuerdo viola la Constitución, específicamente el artículo 120, que exige que las concesiones sobre bienes públicos sean conocidas y aprobadas por la Asamblea Legislativa. Según una economista que pidió el anonimato, el trato entre CEPA y Yilport es un flagrante ejemplo de cómo el Ejecutivo elude las leyes al crear esta estructura de economía mixta para esquivar el control legislativo.
La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, fue tajante: "En nuestro país, la Constitución parece ya no importarle a nadie. Esta administración siempre busca eludir lo que le mandata la Constitución y las leyes". Villatoro subrayó que ni siquiera se siguieron los pasos de la Ley de Concesión de Espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre, que obliga a pasar por un concurso público y la evaluación legislativa, algo que fue deliberadamente ignorado con la elección directa de Yilport.
Con la CEPA reducida a un mero espectador en la administración de los puertos, El Salvador podría estar entregando una de sus mayores infraestructuras económicas a intereses extranjeros sin ninguna garantía de transparencia ni de respeto a los procesos democráticos.
