Publicado: julio 02, 2019
Magistrados y Jueces, expresaron los riesgos y las elegidades que conlleva la declaratoria de emergencia decretada por la Dirección General de Centros Penales, como parte de los planes de seguridad de la presidencia de Nayib Bukele.
Según expresaron en una carta, en primer lugar señalan que la declaratoria de emergencia ha decretada por un tiempo indefinido cuando la Ley Penitenciaria en su artículo 23 establece que no puede superar los 15 días.
Además, no se ha diferenciado el estado de emergencia entre los reos comunes y los vinculados al crimen organizado, ni tampoco entre los distintos centros penales con diferente clasificación en el tratamiento penitenciario, lo que puede originar violaciones a derechos fundamentales de forma indiscriminada.
Los juzgadores expresan también que desde el 21 de junio al 2 de julio, debido a la medida, se ha frustrado 369 diligencias judiciales, afectando a 504 reos, además de videoconferencias frustradas, imposibilidad de notificar a los reos y el riesgo de vencimiento de términos procesales.
Denuncian manejo de información tergiversada
Los Magistrados y Jueces, denunciaron que existe información tergiversada sobre los fundamentos de las declaratorias de emergencia y se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional.
Ante esto, solicitan al presidente de la Corte Suprema de Justicia , que busque una solución a las problemáticas planteadas a la mayor brevedad posible y agregaron que, en caso de ser necesario, el presidente de la CSJ, debería recibir al grupo de jueces en una audiencia, "a fin de de que una delegación nuestra le amplíe y le ejemplifique los puntos expuestos".
