Despliegue militar previo a las elecciones es calificado como intimidación y control social

Como una estrategia de intimidación y control social, defensores de derechos humanos han calificado el despliegue militar que comenzó el pasado martes 30 de enero en varios puntos de El Salvador.

Este despliegue, que coincide con los días previos a las elecciones del 4 de febrero, en las cuales se elegirá al presidente y diputados para el próximo periodo, ha generado preocupación entre especialistas y observadores locales.

David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, opina que el Gobierno está utilizando a los militares como una táctica de control social. Señala que la militarización se ha empleado como una estrategia de intimidación y control político, y menciona que la Fuerza Armada (FAES), junto con la Policía, ha estado involucrada en detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.

Morales expresó su preocupación sobre la posibilidad de que las elecciones no sean libres y justas debido al despliegue militar, la reforma electoral arbitraria y las campañas ilegales. Destacó que el contexto de excepción, con un aumento significativo de presencia policial y militar, podría tener un impacto negativo en la integridad del proceso electoral.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), también coincide en que el despliegue militar, particularmente en el contexto electoral, plantea preguntas y genera inquietudes sobre la autonomía y la libertad del proceso democrático en El Salvador.