Publicado: julio 07, 2020
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó un diagnóstico sobre las condiciones estructurales del Acceso a la Información Pública (AIP) y la libertad de expresión en el contexto de la pandemia del COVID-19.
El foco del análisis se centra en la revisión de la calidad de la información que los gobiernos de la región publican de manera proactiva respecto a la evolución de la emergencia y las medidas y políticas destinadas a su atención, así como la transparencia activa en materia de gastos, contrataciones y financiamiento para la atención de la emergencia y asistencia a sectores vulnerables.
Según el informe, en el contexto actual, resulta preocupante que el 60% de los 15 países que integran la red consideran que en su país no hay un goce pleno del derecho de libertad de expresión durante la pandemia:
En Cuba y Nicaragua, nuestros miembros consideran que no es posible el goce de este derecho;
En Guatemala, Venezuela, México, Brasil, Bolivia, Honduras, y El Salvador estiman que es habitualmente violentado;
Uruguay, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Paraguay, por su parte, consideran que en líneas generales se trata de un derecho vigente.
En el caso concreto de El Salvador, se advierten además acusaciones y estigmatización de profesionales o medios e impedimentos para la cobertura periodística.
El estudio de la situación regional arroja resultados preocupantes respecto a la posibilidad de que sus habitantes gocen de un efectivo acceso a la información pública relativa a la gestión de la pandemia.
"Analizamos la información publicada en 15 países de América Latina y el Caribe, sobre algunas variables relativas a la evolución de la enfermedad, las compras y contrataciones, y las políticas de asistencia a grupos vulnerables; y observamos que en muchos casos no se publica ni informa sobre estos asuntos, y allí donde se publica es frecuente que no se la considere de calidad", reza parte del informe.
