El gobierno consumió 80 % de los ahorros de pensiones y S&P prevé que el fondo solidario colapse en 2027

Publicado: agosto 22, 2025

El gobierno consumió 80 % de los ahorros de pensiones y S&P prevé que el fondo solidario colapse en 2027

La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P Global) advirtió en su más reciente informe que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), parte del sistema de pensiones de contribución definida, se agotará en los próximos años, lo que incrementará la presión sobre las finanzas públicas de El Salvador.

Este fondo común, que se nutre en gran parte del 6 % de las cotizaciones de los trabajadores, sirve para pagar a los jubilados cuando agotan sus ahorros individuales, pero tras la reforma previsional de diciembre de 2022 dejó de recibir aportes del Estado.

Según la calificadora, el panorama es crítico porque el 80 % de los recursos de los trabajadores afiliados a las AFP ya ha sido prestado al Gobierno, representando el 46 % del PIB en 2024. En febrero de 2023, el Ejecutivo reestructuró la deuda previsional de $8,395 millones con las AFP a través de certificados a largo plazo, que incluyeron un período de gracia de cuatro años. La deuda acumulada hasta junio de 2025 asciende a más de $10,525 millones, lo que plantea fuertes interrogantes sobre cómo el Estado cumplirá sus obligaciones cuando venza el plazo de gracia en 2027.

El informe también alerta que los intereses de la deuda podrían superar el 20% de los ingresos del Gobierno una vez concluya el período de gracia, lo que contrarrestaría cualquier posible superávit fiscal. Además, prevé que la deuda pública neta pasará del 84 % del PIB en 2024 al 91 % en 2028, impulsada principalmente por las obligaciones pensionales. “El sistema público de pensiones seguirá dependiendo de las AFP para financiar sus déficits”, recalca S&P.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había advertido que la CGS se agotará alrededor de 2027, debido al incremento del 30 % de las pensiones decretado en 2023. Bajo el acuerdo firmado este año con el organismo, el Gobierno debe presentar un estudio actuarial del sistema antes de 2026 para sustentar una nueva reforma previsional. Sin embargo, la calificadora subraya que aún no hay claridad sobre cómo se enfrentará la deuda con los trabajadores.