Publicado: noviembre 04, 2024
La Presidencia de la República de El Salvador adquirió tres terrenos por $1.4 millones en la exclusiva residencial Los Sueños, ubicada en Nuevo Cuscatlán, con el fin de construir una nueva Residencia Presidencial.
Esta propiedad estará a unos 300 metros de la casa particular del presidente Nayib Bukele, según reportó El Faro. La compra, realizada entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, incluye una solicitud para adquirir una calle de acceso privado hacia el futuro inmueble, según una carta firmada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, secretaria privada de la Presidencia.
La construcción de esta nueva residencia ha generado controversia, ya que se produce en medio de un contexto de austeridad en áreas clave como salud y educación, que vieron un recorte presupuestario de $121 millones en 2025 en comparación con 2024.
La falta de transparencia en el financiamiento también ha suscitado dudas. El reportaje de El Faro indica que en el portal de Hacienda no hay registros que detallen los fondos destinados para este proyecto, y las respuestas del personal de Casa Presidencial a los vecinos de Los Sueños tampoco han esclarecido la procedencia del dinero.
La investigación de El Faro, basada en documentos del Centro Nacional de Registros, incluye grabaciones de reuniones vecinales en las que los residentes expresan preocupación sobre la sostenibilidad de esta inversión a largo plazo, cuestionando qué ocurrirá con la propiedad cuando Bukele finalice su mandato.
Además, el reportaje destaca la participación del fiscal general Rodolfo Delgado en la compra de los terrenos, un rol que, según Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, debería limitarse a adquisiciones de interés estatal más significativo.
El Faro recuerda que este tipo de operaciones han sido una constante en la administración Bukele, con otros medios informando sobre compras de terrenos y propiedades por parte del círculo cercano del mandatario y casos de préstamos ventajosos de entidades estatales. La ausencia de rendición de cuentas sobre estos asuntos sigue alimentando el debate sobre el manejo de fondos públicos en El Salvador.
