Publicado: mayo 27, 2024
La gestión presidencial de Nayib Bukele, que está por concluir, ha marcado un récord histórico al incrementar la deuda pública de El Salvador en casi $11,000 millones, alcanzando un total de más de $30,000 millones.
Durante los casi cinco años de la administración de Bukele, la deuda pública total del país se elevó de $19,280.9 millones a $30,173.2 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) hasta marzo de 2024. Esto representa un aumento de $10,892.34 millones, una carga que recaerá sobre los ciudadanos durante muchos años a través de los impuestos.
De acuerdo con las cifras oficiales, la deuda pública total alcanzó los $20,257.27 millones al cierre del primer trimestre de este año. Este monto incluye la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que suma $19,540.49 millones, y los préstamos del Sector Público Financiero, cuyo saldo es de $709.85 millones. Además, la deuda se divide en externa, que ha llegado a $12,126.38 millones, e interna, que es de $8,130.89 millones.
La deuda también abarca los fondos que el gobierno debe a los trabajadores, quienes han prestado sus ahorros de pensiones para pagar a los jubilados del sistema antiguo (ISSS y exInpep). Esta deuda ascendía a $9,916 millones hasta marzo, llevando el total a $30,173.27 millones, lo cual representa el 84.4% del Producto Interno Bruto (PIB), que era de $35,736.7 millones hasta marzo pasado.
Para poner en perspectiva este nivel de endeudamiento, es como si una persona trabajara para producir $100 pero ya debiera $84.4, quedándole solo $15.6 para cubrir sus necesidades básicas.
Además, si se considera únicamente la deuda del SPNF, más el saldo de pensiones y lo adeudado en Cetes (Certificados del Tesoro) por $1,049.7 millones, la deuda totalizaría $30,506.19 millones, cubriendo el 85.36% del PIB.
Este elevado nivel de deuda ha impactado en diversos sectores del país. Los grandes bancos se han visto obligados a prestar más dinero al gobierno utilizando los fondos de los ahorrantes, y los proveedores de bienes y servicios, incluidos muchos de micro y pequeñas empresas, han tenido dificultades para recibir pagos del gobierno, lo que los ha llevado a incurrir en préstamos adicionales.