Publicado: septiembre 03, 2025
La deuda de pensiones que los gobiernos de turno han acumulado desde 2006 a través de certificados de inversión previsional (CIP) llegó a $10,922.57 millones hasta julio de 2025.
Solo en lo que va del año, el Ejecutivo ha prestado $350 millones de los ahorros de los cotizantes de las AFP para cubrir jubilaciones del sistema público, monto que equivale al 23 % del aumento de la deuda total del país en 2025, calculado en $1,467 millones.
En julio, el gobierno sumó otros $45.75 millones, recursos utilizados para el pago mensual de pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia del antiguo esquema administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y el ISSS. Según el último informe del ISP, a mayo de 2024 se entregaban beneficios a 47,594 jubilados, aunque la Superintendencia del Sistema Financiero dejó de publicar estadísticas oficiales desde abril de 2023.
El FMI ha advertido al gobierno salvadoreño la necesidad de una nueva reforma de pensiones en 2026 que reduzca la dependencia de los fondos de los trabajadores y permita estabilizar la deuda. La última reforma de 2022, lejos de disminuirla, amplió la capacidad del Ejecutivo de endeudarse con los ahorros privados, lo que incrementó el saldo en $2,527 millones en apenas tres años.
El economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, advirtió que la deuda previsional es uno de los principales riesgos para las finanzas del país. “El problema es la deuda de pensiones, porque eso puede descalabrar las proyecciones de deuda pública”, señaló.
En 2027 finaliza un periodo de gracia acordado entre el gobierno y las AFP que permitió no pagar capital ni intereses durante cuatro años. Una vez concluido, el Ejecutivo deberá enfrentar mayores obligaciones financieras en concepto de intereses por la deuda adquirida a través de los CIP.
Fuente: El Diario de Hoy
