Publicado: julio 15, 2025
Costa Rica atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente tras la captura del exministro de Seguridad, Celso Gamboa Sánchez, acusado de tener vínculos directos con redes internacionales de narcotráfico.
El caso, revelado tras una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, destapa una presunta red de corrupción que salpica a altos funcionarios del gobierno costarricense.
Gamboa, quien ejerció como ministro entre 2014 y 2015, fue arrestado el 23 de junio en San José luego de que se aprobara una reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses involucrados en delitos de narcotráfico. Según la acusación estadounidense, Gamboa coordinaba en Costa Rica la recepción y tránsito de cocaína para organizaciones como el Clan del Golfo, de Colombia, y el Cartel de Sinaloa, de México.
Las investigaciones de la DEA señalan que el exministro habría facilitado la entrada de cargamentos de droga por ambas costas del país con la supuesta garantía de que el gobierno de turno no interferiría. Aunque el presidente Rodrigo Chaves ha negado cualquier relación con Gamboa, la Corte Suprema ha solicitado retirar su inmunidad para investigarlo por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos del BCIE en 2023.
El escándalo no se limita al exministro. También se investiga a jueces, fiscales y otros funcionarios que habrían participado en una red de fraude registral para lavar dinero a través de propiedades y terrenos robados. Este caso representa una nueva etapa en la evolución del crimen organizado en Costa Rica, país que en los últimos años se ha convertido en un punto clave para el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Solo en 2024, las autoridades costarricenses incautaron más de 27 toneladas de cocaína, y los homicidios se dispararon en zonas como Limón, donde los cárteles han reforzado su presencia. Analistas advierten que el caso Gamboa podría marcar un antes y un después en la política costarricense, revelando hasta qué punto los tentáculos del narcotráfico han penetrado las estructuras del Estado.
Fuente: InsightCrime