Publicado: junio 07, 2021
La Corte Suprema sostuvo el lunes que el gobierno puede impedir que los no ciudadanos, que se encuentran en Estados Unidos bajo un programa que los protege temporalmente de la deportación en ciertas situaciones, soliciten una tarjeta verde si ingresaron ilegalmente al país.
Este caso se refiere a los salvadoreños José Santos Sánchez y su esposa Sonia González llegaron de forma ilegal a Estados Unidos en 1997 y 1998, tiene cuatro hijos y en 2001 recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege de ser expulsado del país norteamericano.
En 2014 la pareja solicitó “ajustar” su estado para convertirse en residentes permanentes legales y solicitar una tarjeta verde, pero este lunes, de manera unánime, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno puede impedir que ellos soliciten la tarjeta si la entrada al país ha sido de forma ilegal.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos denegaron su solicitud, señalando que no eran elegibles para solicitarla porque no habían ingresado legalmente al país y nunca habían sido admitidos formalmente en Estados Unidos.
El caso enfrentó dos secciones de la ley de inmigración. Uno que dice que aquellos en TPS deben ser considerados como «que mantienen un estatus legal» y otro que dice que para ajustar el estatus, un individuo en TPS debe haber sido admitido legalmente.
Actualmente, hay alrededor de 400.000 personas con estatus TPS en el país y 85.000 han logrado ajustar su estatus.
