Publicado: noviembre 17, 2021
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado salvadoreño a abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros,
La implementación de dicha ley podría afectar gravemente la labor de personas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que contribuyen a la defensa a los derechos humanos y la libertad de prensa, expresaron.
El pasado 9 de noviembre, se presentó el anteproyecto de "Ley de Agentes Extranjeros" que establece la obligación de registrarse como "agente extranjero" a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que "respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directamente o indirectamente, por un mandante extranjero".
La iniciativa legal prohíbe a los "agentes extranjeros" realizar actividades que tengan "fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país", entre otras. Asimismo, establece obligaciones sobre el registro, la forma de utilización de los recursos y la comunicación de las actividades. Preocupa en particular a la CIDH que el eventual incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en responsabilidad penal y administrativa, además del cese de las actividades y la cancelación de la personería jurídica. El proyecto también determina la aplicación de un impuesto del 40% sobre cualquier transacción financiera o donación proveniente del extranjero que no esté entre las excepciones expresamente previstas.
Según lo establecido expresamente en el proyecto de ley, dicha norma, que entraría en vigor ocho días luego de su publicación, tiene como fin "promover la transparencia sobre la influencia extranjera dentro de El Salvador" de modo que "los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública", además de resguardar la seguridad, soberanía nacional, y la estabilidad social y política del país
De ser aprobada, la iniciativa podría restringir el funcionamiento legítimo y las actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, quienes en ocasiones reciben recursos de cooperación internacional para su desarrollo.
Además, observan que la norma exige, en un lapso corto de tiempo, la observancia de requisitos administrativos y de tributación potencialmente arbitrarios o desproporcionados, también posibilitando la aplicación de penalidades graves a las personas naturales y jurídicas que no se adecuen a estas disposiciones; por lo que también tendría efectos en el ejercicio de la libertad de asociación y de expresión.
